Como ya es conocido, el artículo 32 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, regula los supuestos de concurrencia de seguros, es decir, la situación generada cuando dos o más pólizas proporcionan cobertura para un mismo riesgo.

Por ello, establece el citado precepto que “los aseguradores contribuirán al abono de la indemnización en proporción a la propia suma asegurada, sin que pueda superarse la cuantía del daño”.  Y, en este sentido que “el asegurador que ha pagado una cantidad superior a la que proporcionalmente le corresponda podrá repetir contra el resto de los aseguradores.”

Precisamente el plazo de prescripción para el ejercicio de dicha acción de reembolso, ha dado lugar a dos posicionamientos, que parten de dos principios distintos, a saber:

a.-) El primero de ellos, sostiene que se trata de una acción derivada del propio contrato de seguro, por lo que el plazo de prescripción es de dos años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la propia Ley de Contrato de Seguro, en sede de duración de contrato de seguro y prescripción, para las acciones derivadas de seguro de daños.

b.-) El segundo, sostiene que se trata de una acción de carácter personal, por cuanto su naturaleza jurídica es la de regreso y de reembolso, y por ende, de aplicación los artículos 1145 y 1158 del Código Civil, en sede de obligaciones, respectivamente. Por ello, el plazo de prescripción sería el de estas acciones 5 años (1964. 2 Código Civil) o 10 años (artº 121-20 CCAT), 

Este último criterio ha sido el adoptado por la Sentencia de la AP de Barcelona núm. 10/2020, Sección 16ª, de 30 de enero de 2020, Ponente Jordi Sans Fernández.

Efectivamente, no puede negarse que la acción ejercitada ex artº 32 LCS tenga su razón de ser en la existencia del contrato de seguro. Sin embargo, cuestión distinta son los derechos y obligaciones dimanantes del pago de la prestación entre las aseguradoras que se hallan en situación de concurrencia, así como la naturaleza jurídica de la acción para reintegrar a su patrimonio las cantidades satisfechas por cuenta de otro asegurador, que son de carácter personal.

Román Piñana

Socio Abogado

La importancia del mismo es evidente, sobre todo, teniendo en cuenta que en otros estados miembros si se reconoce a figuras análogas a la agencia de suscripción esta posibilidad.Por citar algunas consecuencias derivadas de esta diferencia:

  • Posibilidad de crecimiento: una entidad con pasaporte puede ampliar su actividad a otros países europeos, sin tener que reproducir íntegramente el proceso de autorización en otro estado miembro.
  • Inversión: una empresa con acceso a varios mercados puede ofrecer mayores posibilidades de expansión y resultar más atractiva para socios e inversores.
  • Igualdad de oportunidades: si dos entidades realizan funciones análogas, pero su clasifiación jurídica nacional les ofrece posibiliades muy distintas de actuación transfreonteriza, existe una diferencia que cuanto menos, debería estar justificada.

 

La Directiva (UE) 2016/97 estabelce en su artículo 2.1.1 una deficinción amplia de distribución de seguros.

Incluye las actividades de asesoramiento, propuesta o realización de trabajos previos a la celebración de contratos de seguro, la celebración de dichos contratos y la asistencia en su gestión y ejecución, especialmente en caso de siniestro.

La definción incorpora también determinadas actividades de información y comparación realizadas mediante páginas web y otros medios digitales.

El legislador europeo optó por tanto, por un criterio fundamentalmente funcional. Es decir, tenía la consideración de distribuidr de seguros todo aquél que realizara funciones como tal.

El legislador español mantuvo esta criterio objetivo pero a la hora de abordar la clasificación de distribuidores y estalecer su régimen, omitió a las Agencias de Suscripción.

El dictamen del Consejo de Estado de 26 de abril de 2018 incluyó la cuestión en sus observaciones:

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MARIA RUIZ

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