Los que vivimos de cerca la crisis iniciada en España en el año 2008, recordamos a autónomos y avalistas comprometer gran parte de su patrimonio personal o familiar para refinanciar deudas contraídas para la explotación de su negocio; vimos como hipotecaban -y algunos perdían- sus viviendas familiares para pagar salarios, deudas con proveedores o impuestos.
Igualmente, la subida de los tipos de interés derivada de la crisis de las hipotecas sub-prime, junto con el desplome del valor real de venta de la vivienda, llevó a algunas familias a no poder afrontar sus créditos hipotecarios, de los cuales continuaban respondiendo a pesar de haber sido desahuciados y no contar con ingresos.
Sin embargo, en la actualidad, con la nueva regulación y de la mano de algunos despachos de abogados especializados, se están produciendo situaciones de fraude y abuso de derecho que ni la ley ni los juzgados y tribunales deben amparar.
Los principales ejemplos de situaciones abusivas los vemos en préstamos solicitados en fechas muy próximas o incluso posteriores a la fecha de solicitud de concurso, préstamos concedidos para la instalación de placas solares posteriormente exonerados en concursos sin masa, concursados con nóminas de 100.000€ que declaran no poder hacer frente a cargas familiares, sin justificar cuales, ni la situación que ha originado el sobreendeudamiento.
Ante esto, se ha dicho por algunos autores, que uno de los fallos de la normativa actual es que se ha privado de poderes al juez dejando el sistema en manos de los acreedores. Es el caso de los concursos sin masa, en los cuales se deja a elección de los acreedores el nombramiento de administración concursal y si los acreedores no reaccionan en plazo, nada pude hacer el juez y el deudor puede pedir la exoneración de deudas, sin que se haya abierto la fase de calificación concursal y sin que se tenga que liquidar el escaso patrimonio que el deudor pueda tener.
Sin embargo, no compartimos dicha interpretación y por supuesto, corresponde al Juez en cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 LOPJ, controlar de oficio que las solicitudes de exoneración de pasivo, que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal, sean rechazadas.
Es cierto que la actual regulación supone un cambio en la concepción de la buena fe del concursado. Así, mientras que la anterior regulación partía de la comprobación por el juez de una serie de requisitos tasados (inexistencia de condenas penales, no declaración de concurso culpable y satisfacción de determinados créditos)
Con la actual regulación, se amplían los requisitos (inexistencia de sanciones por faltas muy graves, concurso no culpable, derivación de responsabilidad tributaria) y se añaden otros de naturaleza evidentemente valorativa. Es decir, que precisa de una actividad judicial de interpretación de una realidad compleja; no de una mera comprobación.
Es cierto también que mientras que con la anterior regulación, correspondía al deudor acreditar su buena fe: la actual regulación parte de la buena fe del deudor insolvente, pues las conductas con arreglo a las cuales no cabrá apreciarla –es decir, las demostrativas de ausencia de buena fe– operan como excepción a la obtención de la exoneración.
Sin embargo, el legislador ha optado por exigir el requisito de la buena fe del deudor como presupuesto para obtener la exoneración, por cuanto el mecanismo de segunda oportunidad está pensado para el deudor honesto, pero desafortunado, en expresión acuñada por los ordenamientos anglosajones.
Así se establece con claridad meridiana en el artículo 486 TRLC con referencia al ámbito de aplicación de la exoneración del pasivo insatisfecho: el deudor personal natural, podrá solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho en los términos y condiciones establecidos en esta ley, siempre que el deudor sea de buena fe.
Igualmente, el artículo 7.2 del Código Civil : La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que, por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.
La buena fe del deudor concursado constituye pues un presupuesto imperativo, no disponible por voluntad de las partes. Por lo tanto, a pesar de que la Ley no prevé un trámite específico de inadmisión, es de aplicación el artículo 11 LOPJ según el cual: los Juzgados y Tribunales rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal.
En el caso particular de los concursos sin masa, el artículo 501.3 establece que con la solicitud de exoneración, el concursado debe manifestar que no está incurso en ninguna de las causas que impidan obtener la exoneración -entre las que se encuentra la mala fe- y acompañar las declaraciones de IRPF correspondientes a los 3 años anteriores a la solicitud que se hubieran presentado o debido presentarse.
Y el artículo 502 TRLC: Si la administración concursal y los acreedores personados mostraran conformidad a la solicitud del deudor o no se opusieran a ella dentro del plazo legal, el juez del concurso previa verificación de la concurrencia de presupuestos y requisitos establecidos en esta ley, concederá la exoneración del pasivo insatisfecho en la resolución que declare la conclusión del concurso.
Por lo tanto, corresponde al Juez del concurso a la vista, por lo menos, de las declaraciones de IRPF y del resto de datos aportados con la solicitud de concurso, verificar si concurre buena fe del deudor.
Es cierto, como se razona en el informe jurídico del CGPJ sobre el anteproyecto de ley, que corresponde a los acreedores acreditar la concurrencia de las conductas demostrativas de ausencia de buena fe, sin que el deudor tenga que acreditar el hecho contrario al supuesto contemplado más que, en su caso, en la medida que sea necesario para desvirtuar el hecho o la circunstancia enervante de la buena fe alegada por los acreedores.
Sin embargo, ello no obsta a que, en cumplimiento de su cometido de verificar la concurrencia de presupuestos y requisitos establecidos en la TRLC y el general control de oficio sobre el abuso de derecho, pueda y deba el juez del concurso requerir la aportación de documentación adicional al deudor o bien verificarlos mediante los medios electrónicos de los cuales disponga la administración de justicia.
Maria Ruiz López
Socia directora Ges 40 Legal Services
