Se refiere a un tratamiento que elimina la enfermedad macroscópica (en el caso de los tumores sólidos) o la enfermedad sistémica (en el caso de neoplasias hematológicas), como puede ser la cirugía, la quimioterapia, radioterapia u otras terapias, aplicadas solas o combinadas, con intención curativa, con independencia de que se acompañe de tratamientos sistémicos antes o después del mismo.

En cuanto al paciente oncológico crónico controlado que toma una medicación de por vida, pero cuyo cáncer no llegará a curarse nunca se distingue de aquel paciente libre de enfermedad a los cinco años, que realiza un tratamiento o terapia adyuvante o complementaria y del paciente con enfermedad metastásica en la que se ha evidenciado respuesta completa al tratamiento y se encuentra realizando tratamiento adyuvante.

Los dos últimos entrarían en la categoría de largo superviviente a los que se aplicaría el Real Decreto Ley 5/2023, pero no al paciente con un cáncer cronificado.

Sobre las secuelas provocadas por el cáncer pero que no son propiamente un cáncer existente en el momento de contratar un seguro se señala que pueden tener la consideración de patología o invalidez, según corresponda.

Por ello, siempre que en el cuestionario de salud se pregunte por ellas, deberían ser declaradas antes de la contratación del seguro. La entidad aseguradora podrá o no aceptar dichas circunstancias, de conformidad con su política de selección de riesgos (cumpliendo con el principio de no discriminación establecido en la Ley de Contrato de Seguro).

Muy interesante resulta la cuestión acerca de si una persona a la que antes de la entrada en vigor de la norma se le denegó la concesión de un seguro por haber padecido cáncer puede concertar un nuevo seguro exigiendo que tenga fecha de efectos desde aquella en que realizó la primera solicitud. Sanidad indica que no se podrá exigir que el seguro tenga eficacia retroactiva.

En cambio, los seguros temporales renovables en los que se hubiera tenido en cuenta en la tarificación la existencia de antecedentes oncológicos, a partir de la renovación siguiente a su entrada en vigor, ya no deberán tener en cuenta la patología sufrida por el asegurado si ya han transcurridos cinco años desde la finalización del tratamiento radical sin recaída posterior. También debería eliminarse, a partir de la renovación, la exclusión de cobertura de esta situación, si la hubiera.

Y se añade que estas modificaciones contractuales no pueden conllevar que alguna de las partes del contrato realice cualquier otra modificación unilateral de éste, en particular, no se debería realizar un nuevo cuestionario de salud.

En lo que se refiere a las instancias a las que pueden acudir los solicitantes de seguros que se encuentren obstáculos para contratar por sus antecedentes oncológicos aunque cumplan los requisitos establecidos por la normativa, el documento del Ministerio contempla que pueden presentar consulta o reclamación ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, pero la resolución que se adopte no será vinculante para las aseguradoras.

Extraña que no se haga ninguna mención a la posibilidad de acudir a la vía judicial ejercitando una acción fundamentada en la indebida denegación de la contratación por parte de las aseguradoras. El art. 28 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación establece que “la tutela judicial podrá acordar (…) la indemnización de los daños y perjuicios causados y el restablecimiento de la persona perjudicada en el pleno ejercicio de su derecho.”

Si estas reclamaciones se llevan ante los Tribunales y se concluye que efectivamente hubo una indebida denegación de la contratación puesto que el reclamante cumple los requisitos para que se haga efectivo su derecho al olvido oncológico ¿cuáles serán las consecuencias? ¿se obligará a la aseguradora a contratar? ¿o se indemnizará un daño moral?

Aquí no se trata de declarar la nulidad de un contrato, sino precisamente de lo contrario: declarar que ese contrato debe existir y forzar a una de las partes a pasar por los efectos que conllevaría su celebración o bien en cuantificar el daño moral que supone para la persona ese rechazo.

Esta cuestión que ya suscitábamos a raíz de la publicación del Real Decreto queda sin respuesta y, por el momento, no tenemos noticias de que los Tribunales hayan abordado la controversia.

Lo que sí se incluye en el documento es que también podrá acudirse a la Agencia Española de Protección de Datos cuando nos encontremos ante un tratamiento ilícito de los datos de salud relativos al cáncer solicitando la cesación en dicho uso.

En la octava pregunta del documento nos encontramos una situación que también habíamos enunciado como problemática, consistente en si la omisión en el cuestionario de salud de antecedentes oncológicos sobre los que se había preguntado quedaban subsanados tras la promulgación del Decreto Ley si la persona cumplía los requisitos.

El documento, en nuestra opinión de manera acertada puesto que la norma no tiene efectos retroactivos señala que En la medida que la reserva o inexactitud se hubiese producido, el asegurador tendría derecho a rescindir el contrato con independencia de que en el momento actual esa patología ya no deba tenerse en cuenta para la valoración del riesgo.

Y aunque no se menciona, en coherencia con lo anterior, en caso de que acaeciera el riesgo, si dicha omisión constituye dolo o culpa grave del asegurado, el asegurador quedará liberado de la prestación.

En conclusión, es loable que el documento haga esfuerzos en atender las particularidades de distintos tipos de cánceres, recidivas, metástasis, tratamientos y terapias, poniendo ejemplos que clarifican el ámbito de aplicación de la norma.

Asimismo, opta por una interpretación que impide una eficacia retroactiva de la regulación del olvido oncológico. De otro lado, y aunque sea de agradecer este empeño, no deja de ser significativo que más de un año y medio después de que la norma entrara en vigor se hayan publicado estas aclaraciones. Este hecho hace evidente que hubo una premura excesiva en el dictado de la norma y que quizá una mayor reflexión previa hubiera evitado tantas incertidumbres, tanto a los beneficiarios de la regulación como a los obligados a observarla.